En el México de la 4T, por más de cinco años ha imperado la discordia, el desorden y el retraso. Lo que el país necesita es exactamente lo contrario: sin concordia, el orden se dificulta; sin orden no se puede progresar; sin progreso el país agudiza los problemas de sus habitantes. Así de sencillo. El objetivo de cualquier gobierno debe ser el progreso de su población.
“Orden y Progreso”, el lema del escudo nacional de Brasil es la versión abreviada de una frase del filósofo y matemático francés Auguste Comte, quien formuló la doctrina del positivismo y de alguna manera acuñó el término sociología. En una ocasión afirmó: “El amor como principio y el orden como base; el progreso como objetivo”.
En el caso de México, habría que empezar por la concordia, para poder acordar un nuevo pacto social, ya que el actual está vapuleado, abollado y agotado. A partir de ello, imponer el orden, terminar con la cultura del tolerado, cumplir y hacer cumplir los mandatos constitucionales sin excepciones; recuperar para el Estado las funciones y obligaciones que le corresponden y que indebidamente se han adjudicado agrupaciones criminales, sin objeción e incluso con el apoyo de las propias autoridades.
De esa manera será posible acordar un proyecto nacional de largo plazo pensando en las próximas generaciones, con objetivos claramente definidos, partiendo de una estrategia que considere las políticas, planes y programas, instituciones responsables y los recursos para lograrlos.
Los programas sociales son un paliativo, no una solución. Lo ideal es crear las condiciones para que sus beneficiarios ya no lo sean porque se volvieron autosuficientes. La política social de la 4T es perversa, convierte a los beneficiarios en adictos al apoyo gubernamental, en lugar de volverlos productivos. Será un gran triunfo de cualquier gobierno acabar con los “programas sociales” -que actualmente no son otra cosa que la compra de votos-, porque ello implicaría la desaparición de la pobreza. La función del gobierno no debe ser repartir limosnas sino crear las condiciones idóneas para que su población prospere.
Para ello, debe impulsar la educación, proporcionar servicios de salud, perseguir y controlar la delincuencia y garantizar el cumplimiento de la ley, facilitar procedimientos y apoyar el emprendimiento de proyectos productivos, simplificar y depurar la tramitología para cumplir con obligaciones cívicas, proveer de infraestructura útil y eficaz, reforzar las instituciones que garantizan el funcionamiento de procesos democráticos y la rendición de cuentas y aquellas que regulan la equidad en la actividad económica, usar toda la fuerza del Estado para el beneficio de los Mexicanos.
La única forma de resolver el grave y creciente problema del déficit público es aumentando la recaudación. Para quienes plantean una reforma fiscal como solución, primero tienen que convencer a los causantes de que los recursos públicos se van a utilizar para obras útiles, necesarias y de beneficio colectivo. Sin embargo, no se debe tratar de recaudar más sólo de los que ya contribuyen, toda vez que además de ser una proporción minoritaria de la población económicamente activa, con mucha frecuencia sufren el trato arbitrario e invasivo de las autoridades recaudadoras.
El gobierno actual presume el significativo aumento en la recaudación logrado a partir de una política lo más cercano a una extorsión: los jefes de los grandes corporativos nacionales y multinacionales eran llamados por la jefa del servicio de recaudación de impuestos (SAT) y se les impedía entrar a la cita acompañados de sus abogados. Una vez ahí. Se les amenazaba con “judicializar” los casos que tenían en litigio en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, eran amenazados con ser encarcelados si no pagaban de inmediato las cantidades en litigio. Con una excepción; un empresario que según declaró la entonces jefa del SAT, hoy Secretaria de Economía, sus empresas tenían un saldo de impuestos no pagados al principio de 2021 por mas de 40,000 millones de pesos.
En este caso, el presidente López Obrador relató en su conferencia mañanera del pasado lunes 4 de Marzo, que él le ofreció al empresario hacerle un descuento de 8,000 millones (lo cual está prohibido por la ley) para convencerlo de que pagara, pero el empresario no solo no aceptó la oferta sino que se burla de él constantemente en sus redes sociales . Es evidente el temor que le tiene el presidente a este empresario, a quien ha encubierto por una operación fraudulenta en la venta de una empresa de fertilizantes a Pemex que le generó una utilidad de 625 millones de dólares y a quien al principio de su administración benefició, entre otras cosas, con la dispersión de fondos multimillonarios de los programas sociales a través de su banco. Algo grave le sabrá.
El reto para la autoridad hacendaria es hacer muy atractivo que los que representan el mayor porcentaje de la actividad económica, tanto negocios como trabajadores que operan en la informalidad, se incorporen de lleno al sistema económico formal para poder acceder a todos los beneficios que eso representa. Si se lograra que sólo la mitad lo hicieran, casi se duplicaría la recaudación tributaria. Además, muchos de los que se encuentran en la informalidad, ya pagan un tributo, pero no a la autoridad recaudadora sino a los grupos criminales y algunas autoridades que los extorsionan. Nadie rechaza ofertas que faciliten y ayuden a mejorar la vida diaria.
Es muy notorio el descontrol del presidente a raíz de lo publicado por el New York Times y por ProPublica. El hashtag #AMLOnarcopresidente reproducido masivamente en las redes sociales, ha ocupado no sólo una parte muy relevante del tiempo de sus interminables sermones mañaneros, sino que ha llegado incluso a pedirle al líder del país vecino que su gobierno desautorice oficialmente lo publicado y a dar a entender que es parte de una guerra sucia por la etapa electoral, emprendida por las fuerzas oscuras del imperio del mal que controlan los emisarios del pasado.
Sin embargo, lo que es inocultable, es la cantidad masiva de dinero en la campaña presidencial de su candidata, denunciada desde hace meses por uno de los contendientes que actualmente forma parte de su equipo, y que cada día que pasa se revela información acerca del financiamiento del partido oficial a partir del desvío de recursos originalmente destinados a los programas sociales, y se documenta en los medios la forma en la que el crimen organizado participa en apoyo del partido oficial durante las elecciones.
Quien gane la elección recibirá un gobierno en bancarrota, un nivel de violencia que requiere ser atendido con urgencia en una parte importante del territorio, una cultura de tolerancia que requiere ser sustituida por una de cumplimiento de la ley, un gobierno con funcionarios mediocres que no cumplen mínimamente con un perfil profesional y que el estar mal pagados los justifica para prestar un mal servicio, casi el 40% de la población que carece de acceso a servicios de salud, una economía que durante esta administración tuvo un crecimiento promedio menor al 1%, un presupuesto de egresos comprometido para pagar promesas de campaña y al pago de intereses de una deuda que niegan que haya aumentado, pero que juntos absorben un monto mayor que el que se destina a educación, salud y seguridad. Es deseable que el proceso electoral se dé en un ambiente civilizado y que el resultado de la elección sea por un margen suficientemente amplio para evitar una crisis por falta de legitimidad. El panorama se ve diferente desde afuera del Palacio Nacional.
SEPGRA Political Analysis Group.
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