La semana pasada sonaron las alarmas. Moody’s Ratings puso la calificación de México en perspectiva negativa, lo que significa que si no se corrige severamente el rumbo, degradará la deuda soberana desde el actual Baa2, acercándose al límite inferior del grado de inversión. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Algunas son todavía manejables, como el déficit fiscal, si es que el Gobierno está dispuesto a ajustar el tamaño de sus «programas sociales» y si puede aumentar significativamente la recaudación de impuestos, dos cosas que no están a la vista.
Sin embargo, las verdaderas preocupaciones están relacionadas con la destrucción del marco institucional del país y del Estado de derecho mediante reformas constitucionales que eliminan la independencia del poder judicial y de las instituciones reguladoras autónomas. Esto pone en peligro la continuidad del acuerdo comercial con sus principales socios, Estados Unidos y Canadá, y con ello, el principal motor de la economía del país.
Esto sin mencionar el control generalizado de regiones enteras por parte del crimen organizado, que no sólo genera violencia desenfrenada sino que extrae ilegalmente cuotas de extorsión, lo que encarece el costo de hacer negocios, y el nivel de incompetencia en el manejo de las entidades energéticas propiedad del gobierno, cuyas deudas y pasivos de corto plazo son de tal dimensión que todo o parte de ellos tendrán que ser transferidos al balance del Gobierno Federal.
Dos días después, el gobierno presentó al Congreso su paquete económico para 2025. En pocas palabras, estima un crecimiento económico en el rango de 2-3%, una reducción del déficit fiscal de 6 a 3.9%, suponiendo un aumento de 2.4% en la recaudación fiscal sin incrementos ni nuevos impuestos, un tipo de cambio peso-dólar de 18.70 para finales de 2025, y una producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios. El presupuesto privilegia la ampliación de los «programas sociales», que son la base principal del apoyo político del régimen, y los proyectos de infraestructura favoritos del gobernante anterior, que responden más a sus caprichos que al sentido común económico. Sin embargo, esta estrategia presupuestaria ha sido criticada por su falta de enfoque en el crecimiento económico y su fuerte dependencia en los programas sociales.
Además, se asume una deuda de Pemex por 40.000 millones de dólares por vencimientos de deuda en los próximos años, sin incluir la deuda vencida con proveedores y contratistas por más de 400.000 millones de pesos ya facturados y otros 100.000 millones de pesos de trabajos realizados pero aún no facturados. Sin embargo, el problema es más significativo: el Instituto de Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex tienen pasivos laborales no fondeados por más de 2 billones de pesos y deuda vencida con proveedores y contratistas por medio billón de pesos que deben ser atendidos en el muy corto plazo.
Pero hay un problema. El paquete económico omitió mencionar la probabilidad de que las remesas, que representan 65 mil millones de dólares, se desplomen el próximo año, ante la amenaza de que la próxima administración de Trump deportará a millones de migrantes indocumentados. También está ausente el efecto de potenciales aranceles a productos manufacturados que contengan componentes o materiales de origen chino. Peor aún, no se menciona el posible impacto de perder el Grado de Inversión para la Deuda Soberana motivado por las reformas del final de la pasada administración y el inicio de la actual, lo que ya ha provocado que funcionarios canadienses llamen a terminar el acuerdo comercial con México.
Asimismo, el paquete económico 2025 no incluye partidas para programas de emergencia o subsidios para brindar apoyo a los cientos de miles de trabajadores que regresen como resultado de la migración invertida, forzada por la política de persecución y deportación de migrantes indocumentados de la Administración Trump. Por lo visto, las autoridades mexicanas confían en la eficacia de su retórica supuestamente humanitaria y en los argumentos económicos de sentido común para frenarla y hacer que el gobierno de Trump se replantee su política. Muy poco probable.
Si, como es lógico, EU y Canadá piden la terminación anticipada del acuerdo comercial, considerando que las recientes reformas al marco institucional de México lo hacen insostenible, y como resultado, el país pierde su grado de inversión, los inversionistas institucionales, fondos de pensiones y empresas extranjeras ya no podrían invertir en México, pues los inversionistas institucionales exigen grado de inversión en al menos dos de las tres agencias calificadoras. Esto también dificultaría y encarecería el financiamiento del gobierno, Pemex, CFE y otras dependencias.
Hoy, la deuda mexicana cotiza con una sobretasa de 190 puntos base, lo que puede interpretarse como que el mercado ya descuenta la pérdida de su Grado de Inversión, dados los efectos de las reformas que violan el espíritu de equidad del acuerdo, junto con los bajos ingresos fiscales para el tamaño de la economía, el porcentaje del presupuesto comprometido para pagar intereses de la deuda, la carga de las crecientes pérdidas de las empresas energéticas, la improbable disminución del déficit público, el monumental costo de los «programas sociales», y la irrazonable meta de 2-3 % de crecimiento del PIB que los expertos estiman estará entre -. 05% (Bursamétrica), y +1,5% (Banco Mundial).
A diferencia del efecto multiplicador del gasto público, los fondos masivos dispersados a través de los «programas sociales» estimulan el consumo, pero no necesariamente de productos nacionales, ya que muchos son importados, incluyendo los principales componentes de la dieta de los mexicanos: maíz y frijol. Pretenden producir un efecto de satisfacción y seguridad en el segmento de menores ingresos de la población, aunque su efecto sea de corto plazo y no resuelva su situación de pobreza, pero sea suficiente para asegurar su lealtad al régimen, particularmente durante las elecciones.
En cuanto al tipo de cambio, considerando el elemento psicológico en la ecuación para determinar su valor, todo es posible por encima de la meta de 18.70 pesos por dólar del presupuesto 2025. Para empezar, 86.000 millones de dólares de títulos públicos en pesos en manos de residentes en el extranjero saldrían inmediatamente cuando se pierda el grado de inversión, haciendo mella en las reservas de divisas del banco central, que ascienden al equivalente de 216.000 millones de dólares. De percibirse el riesgo de perder el Grado de Inversión, la salida de estos recursos podría precipitarse junto con una venta relámpago de acciones negociadas en la bolsa local y generar una violenta depreciación en los precios de los bonos de deuda soberana, incrementando el costo de la deuda, disparando las tasas de interés y el tipo de cambio y, evidentemente, provocando una severa recesión.
El problema de los sistemas democráticos es que han llevado al poder a expertos en ganar elecciones, que en su mayoría sólo saben hacer eso. Carecen de un concepto de proyecto nacional y no tienen ni idea de cómo gobernar ni de qué hacer con el poder, salvo seguir ganando elecciones para mantenerse en el poder. Un Estado sin un Poder Judicial Independiente es una Dictadura. El régimen de la 4T se niega a aceptar que lo que distingue una democracia de una tiranía es un término llamado justicia.
SEPGRA Economic Analysis Group
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