En Mayo de 2022, publicamos lo siguiente: …“México está en un proceso de destrucción de instituciones para asegurar que quienes están en el poder se queden para siempre”.* Desde entonces la intención era evidente, lo que no estaba claro era la hoja de ruta. Visto lo visto, es posible hacer un recuento de la forma en que se instrumentó paso a paso, siempre son una característica: el atropello a la ley.
No se trata, como afirman, del inicio de una nueva era sino el fin de un sistema político que permitió que el país viviera durante un siglo con una relativa calma, si bien su prosperidad fue muy desigual. Pero el sistema dejó de funcionar. Pasó de estar dominado por una clase dirigente que gobernaba para su propio provecho, a una tecnocracia corrupta, y a una cleptocracia mediocre, provocando que el electorado se decidiera a darle la oportunidad a quien señalaba los vicios y fracasos de esos gobiernos, prometiendo acabar con eso y ofreciendo justicia, honestidad y eficiencia en beneficio de la población en general y en particular de los mas pobres, pero resultó peor que los anteriores al instalar en el gobierno a los menos capacitados, corruptos además de ineptos, encabezados por un líder fanático, resentido e ignorante, intelectualmente discapacitado.
Antes de, supuestamente irse, dejó inconcluso un proceso para desactivar cualquier tipo de controles que le impidieran a su sucesora continuar con la destrucción institucional, del pacto social, y del sistema republicano de separación de poderes, para instalar una tiranía, es decir, un gobierno que abusa e impone la voluntad del mandatario sobre los otros poderes y se rige por sus propias reglas, ignorando las leyes y los convenios internacionales. Todo esto, al amparo de un supuesto “mandato del pueblo” manifestado en el resultado de la reciente elección, en la que el 48 por ciento de los votantes no lo hicieron por ellos, pero que, tramposamente se asignaron una sobrerrepresentación que no ganaron con votos, que les da una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y mediante actos de extorsión lograron lo mismo en el Senado.
Así, en forma apresurada la titular del Poder Ejecutivo envió una iniciativa de reforma a la Constitución para descabezar la totalidad del poder Judicial, misma que fue aprobada en forma atropellada por el congreso bajo su control, y a los pocos días, para terminar de aniquilar las facultades constitucionales del Poder Judicial, aprobaron un remiendo a la constitución prohibiendo a ese poder resolver controversias constitucionales de reformas aprobadas por ellos, y en caso que lo hiciera, anuncia que sus resoluciones no serán acatadas, es decir se auto otorgan poderes supra constitucionales eliminando de facto la supremacía en materia legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejándola como simple Corte de Justicia de la nación, sujeta a lo que determine la titular del Poder Ejecutivo y/o el Congreso de la Unión, que obedecen al mismo amo.
En traducción libre, presenciamos una insurrección tanto de la titular del Poder Ejecutivo como de los líderes del Congreso de la Unión, cuando anuncian que se negarán a cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa a la que la Constitución confiere la responsabilidad exclusiva de dirimir controversias en materia de interpretación de la propia Constitución. El poder ejecutivo de la mano del legislativo se sublevan amotinados en contra de la autoridad constituida. Para ser mas precisos, se trata de una rebelión cometiendo un delito contra el orden público, penado por la ley, consistente en el levantamiento en contra uno de los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos. Es un golpe de estado desde el gobierno, que al tratar de eliminar uno de los tres poderes que forman el Estado, transforman el sistema político que pasa de ser una democracia imperfecta a un régimen dictatorial que impone sus propias leyes y sujeta su aplicación a lo que a su juicio, sea lo justo.
Uno de los efectos mas nocivos de este cambio es la desaparición del derecho de los ciudadanos a defenderse frente a la arbitrariedad del gobierno, quedando en un estado de indefensión total, y más cuando uno de los poderes del Estado ha perdido su independencia quedando sometido al capricho del tirano en funciones. El gobierno manda conforme a lo que le plazca a quien gobierna y el ciudadano se somete o se atiene a las consecuencias. Citando a Federico Reyes Heroles: “Supremacía es la palabra correcta para lo que buscan: ser la voz suprema. Así conciben a la democracia”.
No será la primera vez que un país involucione políticamente; lo trágico es lo que se pierde en este proceso, no sólo la libertad y la reputación sino la oportunidad de progreso acelerado en todos los sectores y regiones, como es evidente en algunas naciones no muy lejanas. Los que ganan con este cambio son los dirigentes del movimiento, quienes hacen todo para asegurar su permanencia. Los que pierden son todos los demás, que curiosamente, son la mayoría. Hasta que se rebelan.
La falta de cultura sobre teoría del Estado**, no tener idea de para que están ahí, ni como o que pueden hacer para que el país avance, y rodearse de asesores y colaboradores carentes de ética y de capacidad para las tareas de gobierno, pero siempre dispuestos a complacerla elaborando teorías y versiones que justifiquen atrocidades a través de sofismas y falacias, así hayan postulado enérgicamente justamente lo contrario antes de estar en esa posición. Un Estado que carece de un poder Judicial independiente, donde el Poder Ejecutivo decide lo que es justo, se llama dictadura.
La llamada indebidamente reforma judicial no es tal, es una patraña, es tan sólo una venganza. Nunca tuvo como objetivo mejorar el sistema de justicia para que esta sea eficaz, expedita y transparente, pues de haber sido así debió haber omitido pronunciamientos como que “la justicia está por encima de la ley”, arrogándose la facultad de decidir que es lo justo. Además, debió considerar el hecho de que el 98 por ciento de los delitos quedan impunes por una incapacidad crónica de las áreas de procuración de justicia, conocidas como ministerios públicos, que además de tener fama de corruptos ganada a conciencia, carecen de preparación, incentivos, entrenamiento, equipos y presupuestos para desempeñar esa función fundamental en cualquier sistema de justicia.
Y son precisamente estos ministerios públicos los responsables de integrar los expedientes que determinan y demuestran la comisión de delitos, para que un juez tenga elementos probatorios y resuelva conforme a lo que establece la ley. Y aquí es donde empieza a funcionar mal el sistema de impartición de justicia; cuando el juez recibe un expediente de consignación mal integrado, carente o deficiente de elementos probatorios, resuelve con base en lo que le ha sido ofrecido, y muchas veces, el resultado de la sentencia es lo que a todas luces resulta ser una injusticia.
Sin embargo, para ellos eso no es importante. Lo único que se necesita es cambiar la forma en que se eligen a los juzgadores mediante una elección organizada por ellos, en donde los candidatos, también escogidos por ellos y sus cómplices aseguran que quienes lleguen no serán ni competentes ni independientes sino leales a quien los postuló. Eso resuelve todos los problemas y asegura que haya justicia para todos, según la 4T. No importa que no tengan experiencia ni conocimiento profundo de la ley, con un promedio aceptable en sus calificaciones escolares y cinco cartas de buena conducta de sus vecinos es suficiente. Pero no debe haber sorpresa, sólo hay que ver lo que han hecho.
Quien se ufanó en presumir la desaparición de la “partida secreta” -que manejaba en forma discrecional la presidencia de la República alrededor de 2,000 millones de pesos al año-, expidió decretos para mantener en secreto el destino y el manejo de billones de pesos que se gastaron en todo tipo de caprichos, amparado en el sobado recurso de que era “por razones de Seguridad Nacional”, además de desobedecer la normatividad en la licitación de contratos, haciendo asignaciones directas a familiares y cómplices en la mayoría de las obras públicas, y antes de, supuestamente irse, impulsó otra reforma constitucional para desaparecer la institución autónoma responsable de transparentar el uso y el manejo de recursos públicos
La Unidad de Inteligencia Financiera, que en estricto sentido debería ser una de las áreas de la Procuraduría Fiscal, se convirtió en la oficina de venganzas del Poder Ejecutivo para perseguir, imputar, confiscar y extorsionar a todos aquellos que resultan incómodos para el poder, o para cobrar venganzas a los enemigos políticos y a sus allegados.
La Guardia Nacional formada con elementos del ejército y de la marina, preparados y entrenados para el combate, se convirtió en un elemento de escenografía que sólo sirve para los desfiles y para que la población se desquite con ellos por la creciente violencia e inseguridad que padecen, y los humillan y maltratan al verlos indefensos por órden superior. Es un sinsentido y una injusticia enviarlos a patrullar en zonas de conflicto con instrucciones de no usar su armamento, que muchas veces es inferior en calidad, cantidad y sofisticación al que está en poder de la delincuencia organizada.
Además, una parte considerable del territorio nacional está bajo el control y gobierno del crimen organizado, con la complacencia y complicidad de los tres niveles de gobierno. De repente, combaten por controles territoriales con otros cárteles y no hay que incomodarlos; que gane el mas fuerte y si se puede, que no lastimen inecesariamente a los pobladores, a los que queden, a los que no han emigrado a otra región o a los Estados Unidos para salvar sus vidas.
Que tragedia de país, increíble que lo aquí escrito sea sólo una crónica de la vida cotidiana de una nación que devino en un narcoestado.*** Queda en los ciudadanos aceptar ser sometidos a una dictadura de maleantes, o rebelarse y obligarlos a corregir o a forzarlos a dejar el poder en manos de quienes si tengan la capacidad de conducir el esfuerzo colectivo hacia un desarrollo económico y social sostenido y equitativo.
*https://sepgra.com/mexico-no-necesita-un-nuevo-lider-sino-un-nuevo-sistema/
**Una teoría del Estado es un concepto político y filosófico que intenta explicar la naturaleza, el origen y la finalidad del Estado, analizando cómo se distribuye el poder en una sociedad, la relación entre el Estado y sus ciudadanos y el papel que desempeña el Estado en la regulación de la vida social, incluyendo a menudo ideas sobre la mejor forma de gobierno y la legitimidad de la autoridad del Estado.
*** Un narcoestado es un término político y económico que describe un país en el que el tráfico ilegal de drogas ha penetrado en las instituciones legítimas a través de la fuerza, el soborno o el chantaje.
SEPGRA Political Analysis Group
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