En mayo de 2022 publicamos “México no necesita un nuevo líder sino un nuevo Sistema”. Es, por mucho, el artículo más leído que hemos publicado hasta ahora. Su esencia se explica en el primer párrafo:
“Empecemos por el final: México está en un proceso de destrucción de instituciones para asegurar que quienes están en el poder se queden para siempre; no es, como afirman, el inicio de una nueva era sino el fin de un sistema político que permitió que el país viviera durante un siglo con una relativa calma, si bien su prosperidad fue muy desigual. Pero el sistema dejó de funcionar. Pasó de ser una clase dirigente que gobernaba para su propio provecho, a una tecnocracia corrupta, a una cleptocracia mediocre (un gobierno cuyos dirigentes corruptos utilizan el poder político para crear y ampliar sus fortunas), a una kakistocracia deshonesta (un sistema de gobierno dirigido por los peores ciudadanos, los menos capacitados, carentes de escrúpulos) encabezada por un líder fanático e ignorante intelectualmente discapacitado.”
Después anunciamos lo que estamos viviendo hoy:
No hay cuarta transformación, se vive el final del sistema político Mexicano.
En el párrafo siguiente se detalla lo que estamos presenciando dos años después:
“Lejos de marcar el inicio de una nueva era en la historia, la oscura, pretenciosa y pedante denominación llamada “Cuarta Transformación” (4T) no es otra cosa que la destrucción sistemática y rabiosa de las instituciones sin ningún plan ni modelo, ni siquiera una idea aproximada de lo que hay que hacer para alcanzar los nebulosos objetivos derivados de los lemas de campaña, barnizados con fijaciones ideológicas propias de la adolescencia.”
El desmoronamiento de los partidos políticos de la oposición en las pasadas elecciones, confirma lo que alertábamos en 2022:
“Los partidos políticos se convirtieron en franquicias controladas por pandillas que se repartían el botín de los cargos públicos en su beneficio…, Esto fue cada vez más público y notorio, degradando la imagen del funcionario público, del político y de su partido ante el electorado.
“Por ello, y ante el creciente descontento por la precaria situación económica y la inseguridad en que vive la mayoría de la población, los ciudadanos los rechazaron en las urnas, eligiendo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, aparentemente, representaba todo lo contrario: un hombre astuto que supo hacer creer a la gente que era un demócrata honesto, sin ataduras a quienes controlaban el enorme aparato de corrupción, a quienes denunciaba y atacaba en cada discurso, prometiendo acabar con ellos y con la corrupción, a la que culpaba de la pobreza generalizada en todo el país.
“El resultado del experimento salió bastante caro. Una vez en el poder, surgió un caudillo megalómano, resentido, ignorante, faccioso y discapacitado intelectual, incapaz de discernir nada que no fuera parte de su evangelio, que arrasó con profesionales en el servicio público y expertos en sus campos, y los sustituyó por leales a su tribu en puestos para los que no están capacitados, salvo por su lealtad al jefe de la pandilla. Así, después de más de tres años, la pobreza y la pobreza extrema se han expandido, la inseguridad es más violenta y se extiende geográficamente por todo el territorio nacional, y el crimen organizado es tolerado y ahora gobierna partes del país. Los antes acusados de corrupción son ahora sus aliados y beneficiarios de sus favores, protección y encubrimiento, y la corrupción rampante está peor que nunca.”
Sin embargo, logró imponer a su candidata para sucederle tras fingir unas primarias en su movimiento y también impuso el calendario electoral (ilegalmente), hizo campaña a favor de su candidata desviando una cantidad masiva de fondos públicos para financiar su campaña (ilegalmente), incluso anticipando y duplicando las entregas de “programas sociales” antes de las elecciones y utilizando a los funcionarios públicos encargados de su despliegue para amenazar a los beneficiarios para que votaran por su candidata o, de lo contrario, perderían esos beneficios; impuso a una leal suya al timón del organismo electoral (INE) y a otra en el tribunal electoral (TRIFE).
Eso, combinado con una propaganda muy eficaz que culpaba a las administraciones anteriores y a los ricos de todos los males actuales, convenció a la mayoría de que, aunque la corrupción fuera aún peor que antes, al menos estaban recibiendo algo, a diferencia de antes, cuando la élite se quedaba con todo el botín.
Por si fuera poco, el siguiente paso será arrebatar ilegalmente las diputaciones plurinominales de primera minoría, invocando algunos artículos de leyes secundarias que contradicen lo que la Constitución establece claramente en materia de sobrerrepresentación. Lo necesitan para asegurar una mayoría calificada que les permita hacer cambios a la Constitución para vengarse del Poder Judicial, que ha limitado las constantes y evidentes violaciones del Presidente a las normas constitucionales, y también la eliminación de los organismos autónomos que garantizan el acceso a la información pública, la rendición de cuentas del gobierno y un sano equilibrio en la actividad económica.
Como es normal cuando alguien habla en público tres horas diarias sin guión ni filtros sobre sus ocurrencias y fijaciones, López Obrador confesó, sin que nadie se lo preguntara, que solía llamar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que interviniera en los asuntos que eran de su interés para que se resolvieran no conforme a derecho sino a su conveniencia, y que el Ministro Presidente de la Corte accedía a hacerlo. De ahí que para asegurarse de que las cosas siguieran así, exploró la posibilidad de enviar una iniciativa de ley a los legisladores de su movimiento que acostumbraban aprobar todo sin cambiar una coma, para que en contra de lo dispuesto por la Constitución, se prorrogara por otros dos años el mandato del Presidente de la Suprema Corte, a fin de asegurarse de que durante el resto de su administración pudiera hacer y deshacer a su antojo en el Poder Judicial. Sin embargo, la oposición en el Congreso lo impidió, y como sus legisladores no contaban con mayoría calificada, tuvieron que desechar esta idea.
Como la nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo la misma actitud indigna que su antecesor, López Obrador emprendió una guerra con todo el poder de su cargo no sólo contra la Ministra y la Corte, sino contra todo el Poder Judicial. Sí, es el berrinche de un niño malcriado.
En otras palabras, se está gestando un Golpe de Estado que destruye al Poder Judicial y lo sustituye por un sistema que permite a Morena y al crimen organizado nombrar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte que respondan a sus intereses. El Estado de Derecho en el México actual es precario, no exento de corrupción o nepotismo y, hasta cierto punto, influenciable por el Ejecutivo. Aún así, el Poder Judicial ha avanzado dramáticamente en su profesionalización desde sus reformas de 1996 y 2021. Pero si López Obrador tiene éxito en su Golpe, no habrá un Poder Judicial independiente, y dada la manipulación de la ley para ganar el control del Congreso, los controles y equilibrios requeridos en cualquier democracia estarán ausentes, y México se convertirá en una tiranía autocrática disfrazada de democracia.
Esto tiene consecuencias; para empezar, esto violaría lo establecido en el Tratado Comercial con los Estados Unidos y Canadá -que se basa en la igualdad ante la ley y el estado de derecho- en varios de sus artículos relacionados con el cumplimiento del debido proceso, la separación de poderes para garantizarlos, así como el compromiso con la independencia y autonomía constitucional de los órganos reguladores, lo que lo haría inaplicable. El problema para la economía mexicana es que su principal motor es el comercio con sus vecinos del norte, el cual, ausente o mermado por aranceles, provocaría una severa perturbación, que a su vez impulsaría a las agencias calificadoras a degradar la calificación de la deuda soberana, dejando de contar con tasas de interés más bajas y con el apetito de los inversionistas que exigen el grado de inversión.
Lamentablemente para México, a AMLO no le importa. Así como canceló el nuevo aeropuerto para el area metropolitana de la Ciudad de México cuando estaba terminado en un tercio, con un costo para el contribuyente de 300 mil millones de pesos y privó al país de un importante centro de conexiones sólo para demostrar quién mandaba, ahora está haciendo lo mismo con consecuencias aún más significativas para la Nación.
En efecto, estábamos en lo cierto cuando publicamos ese artículo; terminaba así:
“Sí, México necesita urgentemente un nuevo sistema.
Para defender los derechos de los ciudadanos a ser gobernados por los mejores y más capacitados para hacerlo.
Para salvar al país del atraso y la inminente quiebra económica.
Para tener un congreso que sea respetado como lo que debe ser: un poder más de la unión.
Para evitar cambios a la Constitución encaminados a mantener indefinidamente en el poder a un grupo de incapaces y rapaces que se sienten iluminados y que están por encima de la ley y las instituciones.
Para evitar que el crimen organizado, tanto el de cuello blanco como el de ametralladora, siga mandando sobre quienes deberían combatirlo.
Para evitar que, por la torpeza en la gestión de gobierno y la tibieza en el uso de la fuerza pública para imponer el orden y hacer respetar la ley, nuestro vecino se vea obligado a intervenir para hacer lo que el nuestro no quiso o no pudo hacer, poniendo en riesgo y causando daños en su territorio, con el argumento éticamente válido de salvaguardar vidas y propiedades de sus ciudadanos.
Para no permitir que nuestra incipiente democracia se transforme en una tiranía encabezada por un hombre con discapacidad intelectual.
Para evitar que a la mayoría se le oculte la realidad con una narrativa triunfalista, que a la postre se convierta en tragedia.”
SEPGRA Political Analysis Group.
Lecturas Complementarias: